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Los proyectos de ley SOPA y PIPA fueron solamente los últimos exponentes de una serie de iniciativas legales que han tenido como fin detener la piratería en línea; pero uno de los precedentes de los proyectos de ley estadunidenses es el Acuerdo Comercial Anti Falsificación, también conocido como ACTA, mismo que podría entrar en vigor muy pronto.

ACTA es un proyecto para prevenir el contrabando ilegal de propiedad intelectual y física (como medicamentos controlados) a nivel global; la Unión Europea podría dar luz verde a este proyecto a finales de esta semana, contando con el apoyo oficial de países como Estados Unidos, Australia, Corea, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, próximamente.

ACTA ha estado presente de una manera u otra desde hace por lo menos dos años, levantando sospechas por lo que parecen ser atentados contra la privacidad de los usuarios de la red y sus libertades civiles, como el comercio legítimo, la innovación y el libre flujo de información. Según algunos, ACTA limitaría también la habilidad de los países en desarrollo para elegir las políticas de crecimiento que mejor se adapten a las prioridades nacionales y niveles de desarrollo económico.

Este acuerdo global sería impulsado por los países industrializados fuera de las convenciones internacionales multilaterales vigentes (como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio), creando nuevas normas de propiedad intelectual. La sociedad civil tanto como los países en desarrollo serían sistemáticamente excluidos de estas negociaciones, y aunque la presencia de expertos y auditores podría admitirse, sus opiniones podrían tener poco efecto en los resultados de la versión final de ACTA.

Al igual que SOPA, ACTA ha tenido mucho apoyo de la iniciativa privada que busca un marco regulador para la distribución de su contenido en línea, protegido por copyright. En Irlanda, por ejemplo, el gobierno aprobará en unos días una medida que permitirá a los dueños de derechos de autor (disqueras y estudios cinematográficos) proceder legalmente contra proveedores de Internet cuyos servicios sean usados para descargar material con copyright de manera ilegal.

Este modelo persecutorio podría ser una de las herramientas con las que ACTA perseguiría violaciones a la propiedad intelectual y derechos de autor, pero se teme que también autorice a los gobiernos inspeccionar las comunicaciones en Internet de los ciudadanos comunes, infringiendo otro tipo de derechos civiles.